Uno de los mayores desafíos para la economía global y la estabilidad financiera es la crisis climática. En esa lucha, el sistema financiero y los agentes económicos juegan un rol crucial.
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Transicionar a una economía neutra en carbono, necesaria para responder a la crisis climática, tiene dos grandes retos. Por un lado, la necesidad de acceso a financiamiento para la transición por parte de las economías en desarrollo; un tema que se ha debatido -sin el éxito deseado- por varios años en Naciones Unidas. Y por otro lado, el desafío de desacoplar el crecimiento y los modelos económicos de las inversiones intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los negocios que generan degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. En palabras más sencillas, se trata de financiar iniciativas o portafolios verdes al tiempo que se integra la sostenibilidad en el mundo financiero priorizando los flujos financieros consistentes con las metas climáticas, algo así como ‘enverdecer las finanzas’.
A pesar de que han pasado ocho años desde la adopción del Acuerdo de París, el financiamiento que apoya estas transformaciones está sujeto a numerosas limitaciones. Por ejemplo, a nivel global los flujos financieros invertidos en acciones para combatir el cambio climático fueron de solo 803.000 millones de dólares en 2020, mientras que las inversiones y los subsidios a combustibles fósiles sumaron 1.342.000 millones de dólares. Es decir, el tamaño de los flujos dirigidos a la acción climática palidece frente a la persistencia de inversiones que están minando los esfuerzos para detener el calentamiento global. Además, casi un 90% de los flujos climáticos están concentrados en regiones como el sudeste asiático, EE UU, Canadá o Europa, y no en las regiones del mundo en desarrollo en las que se deberían invertir billones de dólares para asegurar la transición.
Solo hasta hace aproximadamente cinco años se empezó a incorporar el impacto que tienen las decisiones de las instituciones privadas, los agentes económicos y, particularmente, los gestores de capital e inversionistas institucionales (como fondos de pensión y aseguradoras) en las transiciones climáticas. En 2015, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) del G-20 consolidó el Grupo de trabajo sobre divulgación de información financiera relacionada con el clima (TCFD por sus siglas en inglés). En este espacio, en 2017, se creó un marco de divulgación de información financiera relacionada con el clima que contiene recomendaciones para que las empresas evalúen y gestionen los riesgos financieros derivados del cambio climático, permitiendo así una colocación de capital más efectiva y coherente con las metas internacionales.
Aunque las soluciones no son únicas ni están escritas en piedra, el reconocimiento por parte de las compañías, entidades y organizaciones del sector financiero sobre los impactos que el cambio climático puede tener en su negocio es un gran punto de partida. Comprender la relevancia de esta información es fundamental para garantizar la resiliencia de los modelos de negocio y permitir la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo que aseguren la sostenibilidad en la generación de resultados y el uso eficiente del capital.
En la región hay pocas cifras que den cuenta de cómo el sector financiero está respondiendo a la necesidad de transitar a una economía neutra en carbono. Un estudio de 2020 liderado por el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF- y otras organizaciones reveló que solo el 38% de 78 entidades financieras encuestadas en la región incorpora lineamientos asociados al cambio climático en sus estrategias. A pesar de la existencia de un marco de recomendaciones para la divulgación de información financiera, todavía existen vacíos estratégicos importantes, especialmente en la comprensión e integración de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los escenarios de cambio climático en la planificación a largo plazo de este tipo de entidades.
De acuerdo a los resultados del ranking de la Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de América Latina (Lacadi), solamente un 30% de los inversionistas consultados en México y Perú cuentan con un esquema de Gobierno corporativo que incorpore la información financiera relacionada con el clima en la toma decisiones a nivel de sus órganos superiores, como directorios y consejos de administración. Además, la evaluación de la resiliencia de las estrategias de negocio a partir del uso de escenarios de cambio climático es una de las brechas más relevantes en los inversionistas institucionales consultados, ya que menos del 35% de ellos han empezado a incorporar este análisis para tomar decisiones que incorporen los potenciales impactos del cambio climático en sus negocios y planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo.
A pesar de estos desafíos, América Latina ha demostrado su potencial como región para enfocarse en las soluciones al cambio climático como un eje de desarrollo sostenible. Si bien hace falta cerrar brechas e identificar plenamente oportunidades de inversión, es esperanzador que un grupo de más de 60 inversionistas institucionales de esta región esté trabajando en distintas iniciativas para avanzar en la identificación de riesgos climáticos para sus negocios, su gestión comercial y por supuesto, en sus compromisos de divulgación.
Un caso es el de los fondos de pensiones y aseguradoras de Colombia, México y Perú que, a través de las iniciativas Lacadi y Ccadi (Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de Colombia), en alianza con otras instituciones, consultoras y organizaciones no gubernamentales de la región, han fortalecido sus capacidades para cerrar brechas en la divulgación de información financiera relacionada con el clima y así gestionar adecuadamente los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático.
Este caso demuestra que Latinoamérica ya tiene la capacidad para implementar no sólo marcos como el propuesto por TCFD, sino también nuevos estándares asociados con el clima como el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB por sus siglas en inglés) de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés). Este fue lanzado recientemente como guía internacional para alinear todos los esfuerzos en este campo.
Junto con la implementación de estas guías, contar con regulación sobre el tema en cada país es un indicador de congruencia que va en dirección del cumplimiento de los compromisos internacionales. Según el mapa de avances de América Latina y el Caribe en Finanzas Sostenibles realizado en 2019 por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), doce países cuentan con iniciativas público-privadas, principalmente en el sector bancario y de seguros, que le apuestan al financiamiento climático. Brasil, Colombia y México encabezan la lista. En Perú y México se ha trabajado con los reguladores y ministerios relacionados para que esta transición a implementar los nuevos estándares esté alineada con las capacidades reales de los inversionistas y sea una oportunidad de cambio positivo hacia el desarrollo de economías bajas en carbono.
Estos esfuerzos muestran cómo la economía real puede avanzar hacia la implementación de la meta de financiamiento de largo plazo del Acuerdo de París, que en esencia marca el norte para alinear los flujos financieros de la economía con un desarrollo bajo en carbono y para que los recursos financieros globales, públicos, privados, nacionales e internacionales, e incluso los individuales, sean coherentes con un sistema neutro en emisiones de carbono y resiliente al clima.
Es imperativo que los portafolios de inversión y los sistemas de planeación estratégica de todos los actores del sector financiero aborden de manera sistémica los desafíos que año a año pone sobre la mesa el cambio climático, y apoyen su propio reverdecimiento garantizando su sostenibilidad a futuro y la de los ahorros e inversiones que custodian, mientras contribuyen a los esfuerzos globales en esta materia.